Monterrey. AFP.- La superpoblación y pugnas entre los cárteles convirtieron en una bomba de tiempo a las cárceles de México, sobre todo en el norte del país, donde un nuevo ataque dejó tres muertos este martes, dos días después de la fuga de 30 narcos y la masacre de 44 rivales en complicidad de custodios.
La cárcel de Topo Chico, uno de los tres penales en la zona metropolitana de Monterrey -tercera ciudad del país-, fue escenario en la madrugada de una aparente venganza contra tres secuestradores, entre ellos una mujer, que ingresaron el lunes y fueron asesinados por otros dos reos.

El domingo el centro de detención de Apodaca, también en la zona metropolitana de Monterrey, fue sacudido por una matanza de 44 presos ligados al 2Cártel del Golfo” a manos de miembros de “Los Zetas”, como parte de un plan para facilitar la fuga de 30 compañeros que contó con la colaboración de nueve miembros de la guardia del recinto quienes, según la policía, lo confesaron.

“Se sabe que las prisiones funcionan de manera muy ineficiente y que la corrupción es uno de los principales conflictos. Desgraciadamente, el Estado ha sido incapaz de revertir carencias y esas situaciones prevalecen”, comentó Guillermo Aguirre, de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Datos de la CNDH indican que en el 2011 hubo 49 incidentes –riñas, incendios, homicidios, motines, intentos de fuga y suicidios– en penales de todo el país, con saldo de 171 muertos. En lo que va del año ya contabilizan 75 fallecidos. Un reciente estudio de la Pastoral Penitenciaria de la iglesia Católica advirtió que “el panorama es terrible en cuanto al sistema carcelario. Los dos principales problemas son el hacinamiento y la corrupción”.

“En el aspecto de la corrupción, esta se ha sofisticado, porque antes se trataba de delincuentes individuales pero ahora tenemos bandas criminales organizadas que operan dentro y fuera de los reclusorios”, agregó el documento.

En México operan 430 cárceles con capacidad para 185.000 reos, pero en la realidad, albergan unos 230.000 reclusos, según datos oficiales a julio del 2011. La superpoblación es más fuerte en las cárceles del norte del país, donde además el cartel de “Los Zetas” ha demostrado poder intimidatorio sobre las autoridades carcelarias.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno mexicano “una investigación exhaustiva e independiente”, en una nota firmada en Ginebra por la portavoz Ravina Shamdasani, quien agregó que “se deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir que estos ataques vuelvan a producirse”.