El conflicto en la zona de Ñacunday viene por suerte abrumándonos con decenas de informaciones diarias, con declaraciones polémicas, respuestas poco felices, excusas ministeriales, caravanas de repudio, opinólogos agudos, periodistas “histéricos” y mucho sol en esas tierras calientes “agrotoxiqueadas”; espero que este no sea el tiempo del premio consuelo genuinamente aburrido, el momento de un final predecible tipo película holivudense: casi emotiva, pero en el fondo insípida, repetitiva, ordinaria. Eso lo previó al “The End”, está a cargo del Ejecutivo.

Los “sintecho” y “sintierra” mutados por influencia del glifosfato a “caperos”, claro, por atrevimiento propio, por lo que la prensa nacional insistente en aclarar que son desvergonzadamente “autodenominados”, interrumpieron la paupérrima agenda política nacional, que de llover con flashes tragicómicos sobre el sollozo de “Calé” por la traición de Cartes, se inclinó a llenar la fisura informativa mediática abierta por las invasiones y/o ocupaciones en Ñacunday, una labor que por suerte salpicó la mesa de noticias con ideas como reforma agraria, derecho universal a la educación, derecho a la tierra, el origen de las tierras malhabidas en tiempos de la dictadura, la deforestación sojera; a más de otras cuestiones poco menos atrayentes como el machismo y la xenofobia mutua.

Las interpretaciones al respecto son muchas, así como las sugerencias de solución que se presentan en los medios y las redes sociales, algunas muy divertidas como la que piden la expropiación total de bienes a los extranjeros de la zona por su condición de nacionalidad foránea, o las que sugieren la quita de la patria potestad de sus hijos a todos los “carperos” por parte del Estado, de modo a que el gobierno lleve a esos 1.000 niños a estudiar en cuarteles y no en carpas (sugerencia sublime del periodista Carlos Peralta).

Para un grupo, que no se remite en exclusividad a los propietarios de las tierras en conflicto, la solución está en el desalojo de los ocupantes, el acallamiento de sus gritos acusatorios sobre el origen de las tierras y el ocultamiento de sus condiciones de vida en extrema pobreza.

Por otro lado, se exige la devolución al Estado de las tierras malhabidas cedidas por funestos gobiernos ilegalmente con la excusa de la reforma agraria, y la solución del problema de la tierra a los “carperos” organizados actualmente.

En el plano legal esta disputa se da entre el respeto a la propiedad privada y el respeto al acceso a la propiedad como derecho humano, y por lo tanto como derecho a la vida en tanto sobrevivencia y dignidad; en el plano ideológico, la disputa entre izquierda y derecha es visualizada por la sociedad a leguas, lo que da cuentas claras del interés de las partes; en el plano político las fuerzas conservadoras reivindican el status quo, mientras el PLRA está amordazado provisoriamente por su propios acuerdos electorales con el gobierno, y el progresismo refuerza, desde la retaguardia, como con ecos, del discurso campesino.

Yo prefiero entender esto como un conflicto con delineamientos políticos, la ocupación en sí misma es una acción política que debe tener una respuesta política, aquí los “puros” legalista claman por un desalojo policial, militar o para-militar de capangas; y en ese tren entonces deberían de apresar a las 10.000 personas, procesar a los falsos y grandes beneficiarios de las viejas reformas agrarias; sin embargo, lo que quieren y hacen generalmente es apresar y procesar a los líderes campesinos, lo cual es una medida genuinamente política ¿y dónde quedó el legalismo purista?

Pero para presagiar un desenlace en esta historia, hay que pensar en el otro jugador en esta partida, uno que se supone tiene una posición política asumida y que con claridad actúa en este conflicto: El Ejecutivo.

El retraso en el proceso de desalojo es evidentemente un movimiento de piezas por parte del Ejecutivo, pero solo es un elemento de dilación para las otras dos partes con intereses aquí, ¿qué otras cartas jugará ahora Lugo?

Cerca de 10.000 personas en el campo hicieron una vez más visible algo indiscutiblemente existente como el problema la tierra en Paraguay, además dieron cabida discursiva, con una dirigencia para mí un tanto cuestionable, a reivindicaciones históricas como la usurpación de tierra ilegítimamente por parte de algunos terratenientes que pudieran ser o no “brasiguayos”; esas miles de personas ya fueron carne de cañón para permitir al Ejecutivo paraguayo generar una fuerza política que le permita sugerir alguna solución mínimamente estructural ¿qué hará?

Tristemente se siente en el aire ese cansino espíritu del premio consuelo para estas personas, lo que se avecina es: o desalojo, o tierras tiradas al bulto sin ningún plan de desarrollo, cual gobierno populista; ni pensar en reforma agraria, ni pensar en el descenso del nivel de pobreza, ni pensar en recuperación de tierras por parte del Estado a través de la vía legal, ni pensar en movimientos que puedan tener consecuencia electoral para el 2013, ni pensar en que el gobierno formule esta pregunta sobre el derecho a propiedad ¿si tiene derecho Favero a poseer 1 millón de Há, también tiene derecho cualquiera a comprar los 406.752 km² de superficie del Paraguay? ¿o hay algo político y no legal que discutir al respecto?