No cabe ya ninguna duda que el jefe de los carperos y el orientador de la política devastadora llevada adelante por esos delincuentes es Fernando Lugo. Todo lo que se hace, lo que se dice y deja de hacer, sigue sus órdenes. Las invasiones, el desprecio hacia las órdenes judiciales y el descenso de la producción son parte de la política del bolivariano, que ya ha hecho méritos, más que cualquier otro Presidente, para ser sometido a juicio político.

Habiendo mayoría para destituirlo, se sigue con la componenda Lugo por razones absolutamente absurdas, como las que dicen que pronunciado el juicio político se corre el riesgo de desatar una guerra civil.

La verdad es que la ANR tiene miedo de llevar a Federico Franco a la Presidencia y el PLRA tiene un sector luguista que está cómodo con la jefatura del presidente. Los otros partidos no saben lo que quieren y no se atreven a arriesgar ninguna posición.

El problema de las tierras de Ñacunday es simple y puede ser resuelto en forma rápida y expeditiva, sin consecuencias para el país.

Por un lado forman las huestes de Lugo, que reclaman tierras supuestamente fiscales –de las que nunca fueron dueños– y, por el otro, gente que hace treinta años trabaja en ellas, como propietarios, produciendo cada vez más, con beneficio para la sociedad.

La batalla se sustancia entre gente que trabaja y produce y gente que no lo hace. Y crea problemas a la economía, bajo las órdenes y el patrocinio de Fernando Lugo.

Los funcionarios del Gobierno de Lugo, secretarios y ministros se desviven por crear una sensación de alivio en el asunto, para evitar que se solucione, puesto que el mismo les provee de formas para intentar, aunque sea evidentemente tarde, llevar adelante sus programas de transformación de la democracia en una autocracia comunista.

Pero alguien tendrá que pagar el costo. El problema está generando gastos, costos por disminución de la producción, la vigilancia y los subsidios para los carperos. O se les paga con las tierras o con dinero, y el dinero es lo que no se tiene.

Yo presenté, la semana pasada, una solución que se me antoja viable y puede ser adecuada: Sancionar una ley que reconozca la validez y legitimidad de los títulos de los propietarios de las tierras. Una ley que disponga de un solo artículo que diga: Art. 1ro. Reconócese la validez de todos los títulos y documentos que atribuyen la propiedad legítima de la tierra que labran a quienes los posean.

De esta forma el problema dejará de existir y los carperos tendrán que inventar un nuevo ataque y cesará la lucha estéril. Quedará vigente la cuestión de la superposición de títulos, que si se quiere sancionar se puede hacerlo por la vía judicial.

Es una solución para una sola vez y para terminar con el problema vigente. Posibilitará su inmediato final. Los carperos tendrán que buscarse otro campo de batalla y Lugo quedará sin poder realizar su sueño.